El catedrático denuncia que los promotores de la ampliación del vertedero de Nerva incumplen claramente el Decreto 558/2004 por el que se establece el estatus de Paisaje Protegido al Río Tinto. Y advierte que los futuros vertidos que se anuncian saldrán desde la planta a cauce público y que la empresa dice que cumplen con la legislación vigente y no alteran las características del Río Tinto se desconocen absolutamente, no aportándose información alguna que lo demuestre.

El autor llama la atención sobre el hecho de que se desconoce la procedencia y constitución de los residuos que quedarán almacenados en el vertedero y critica el cinismo de los promotores de la ampliación cuando enuncian que aunque previsiblemente se producirán lixiviados (de composición desconocida) no hay que preocuparse pues disminuirán con el tiempo.

El profesor Amils deja claro en su artículo que el proyecto de modificación sustancial de la AAI y la consiguiente ampliación del vertedero de Nerva hipoteca para siempre el proyecto de solicitar para el Río Tinto el máximo nivel de protección que le conferiría su declaración como Patrimonio de la Humanidad y que había sido propuesto a las fuerzas vivas de Huelva con el aval de importantes investigadores internacionales.

Para el catedrático está claro que el beneficio de unos pocos elimina lo que podría ser beneficioso para toda una provincia: Huelva

Por Ricardo Amils Pibernat

Durante mi confinamiento obligatorio he leído con estupor el anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), con fecha del 2 de abril, de apertura de un periodo de información pública en el seno del procedimiento simplificado de modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, lo que conlleva la ampliación del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva.

Aún tenemos en la memoria la grave fractura social que en su día originó en la zona su instalación contra viento y marea.

En estos momentos, como científico que ha dedicado más de 35 años al estudio del cauce del Río Tinto, uno de los afectados por dicha instalación, me veo en la obligación de hacer varias consideraciones para que se sumen a las muchas otras que espero que tenga la contestación a esta ampliación.

Como estoy seguro de que la mayoría de las objeciones tendrán un aspecto más social me voy a centrar en algunos temas que considero importantes desde el punto de vista científico. 

En primer lugar, subrayar que ni el mantenimiento del actual vertedero y por supuesto su planeada ampliación, sospechosamente auspiciada por parte de la Administración al haberse publicado el anuncio del BOJA con alevosía y nocturnidad en un periodo en el cual la ciudadanía tiene absolutamente prohibida su movilidad y la posibilidad de reunión, tienen en cuenta el estatus del Río Tinto como Paisaje Protegido por el Decreto 558/2004 de la Junta de Andalucía. Un Decreto al que la documentación suministrada dedica un breve párrafo en el que se indica que las características de los actuales y por extensión futuros vertidos no alterarán las condiciones del río. 

En dicho informe se dan numerosos datos sobre las variables físico-químicas de los vertidos en los últimos años, en los que no se indica ni quién los ha realizado (se espera que sea un laboratorio independiente convenientemente acreditado) ni la frecuencia con que se han realizado. Ni siquiera las gráficas indican las unidades en las que se expresan los resultados. 

Como nuestro grupo de investigación del Centro de Astrobiología y de la Universidad Autónoma de Madrid lleva muchos años monitoreando el río, mucho antes del establecimiento del vertedero y por supuesto a lo largo de su funcionamiento durante más de dos décadas, disponemos de un banco de datos que permitirá contrastar convenientemente y de manera independiente los datos presentados en el informe. 

En este aspecto no se tiene en cuenta que entre otras cosas el Decreto de Protección del río Tinto establece claramente la importancia de proteger las especies acuáticas singulares del río (no se aporta ningún estudio que lo acredite, lo que sí han realizado otras actividades industriales de la zona) y la obligación de preservar sus valores paisajísticos, naturales y culturales (nada mejor que instalando una planta de tratamiento de residuos peligrosos).

Un Decreto que establece, entre otros, los objetivos de conservar la riqueza geomorfológica originada como consecuencia de las actividades mineras en la zona, mantener las peculiares características de las aguas del Río Tinto, y promover la sensibilización y actuaciones participativas y de implicación de la población local en la conservación de este espacio sin alterar las peculiaridades del paisaje minero.

El texto que acuerda la protección del Paisaje del Río Tinto establece además que los equipamientos e infraestructuras que se ubiquen en este espacio deberán contemplar criterios de integración paisajística, considerándose compatibles los usos y aprovechamientos tradicionales que se desarrollan en la zona, siempre que respeten los valores naturales del espacio protegido (no creo que el tratamiento y almacenamiento de residuos peligrosos se encuentre entre ellos), y que no se deberán permitir actuaciones que conlleven la alteración de la dinámica fluvial, ni la singularidad de las aguas del Río Tinto.

No es necesario subrayar que la ampliación del vertedero que se solicita no parece estar de acuerdo con una parte importante de las normas dictadas en su día mediante Decreto por la misma Junta de Andalucía.

Todos somos conscientes de que la razón principal para instalar el cementerio de residuos peligrosos en esta zona estuvo relacionada con la actividad minera ancestral de la comarca, una actividad tradicionalmente considerada contaminante. 

Algunos promotores e impulsores de la instalación original, que en su día tuvieron la genial idea de utilizar las galerías mineras de Corta Atalaya para depositar residuos peligrosos y que por suerte abandonaron posteriormente al ser el peor lugar imaginable para esta función debido a la elevada actividad en dicha zona de los microorganismos responsables de generar un río ácido de 92 km de longitud, creyeron que los terrenos de Nerva cercanos a la cuenca de un río considerado contaminado serían el lugar más adecuado para la instalación de su cementerio de residuos peligrosos. 

Nunca pensaron que la singularidad del río, conocida gracias a la actividad de muchas instituciones científicas de prestigio, no únicamente la NASA como se menciona en el informe, facilitaría el estatus de protección que tiene hoy en día (y que esperamos que mantenga). 

Alguien debió pensar que ya que la actividad minera atávica en la zona contaminaba, la incorporación de un nuevo foco de contaminación no debería tener mayores consecuencias. 

El único problema es que no se dieron cuenta de la gran diferencia que hay entre la contaminación natural producida por los microorganismos nativos que dan origen al río y con varios millones de años de antigüedad, asumida y aceptada por la población de la Cuenca, y la contaminación no natural introducida por el tratamiento de residuos peligrosos, que como su mismo nombre indica no parecen ser un material inocuo que alguien quisiera tener al lado de su casa. 

Y lo peor no son los vertidos de los procesos de tratamiento de los residuos, de los que se ignora su procedencia y constitución (en el informe sólo se menciona el número de camiones que transportan los residuos), sino lo que quedará almacenado en el vertedero, en estos momentos probablemente de manera controlada, pero difícil de prever cuando se cierre la instalación. 

En un alarde de cinismo los autores del informe enuncian que aunque previsiblemente se producirán lixiviados (en este caso de composición desconocida) que no hay que preocuparse porque irán disminuyendo con el tiempo (una agradable herencia para las futuras generaciones).   

Soy consciente de que presentando esta columna y aportando mi opinión hipoteco para siempre el sueño probablemente absurdo de solicitar para el Río Tinto el máximo nivel de protección que le pueda conferir el ser Patrimonio de la Humanidad debido a su singularidad, y que algunos, muy probablemente alejados de la realidad, nos hemos empeñado en presentar y defender frente a distintas instituciones y fuerzas vivas de la provincia de Huelva. 

Pero obviamente la continuidad y sobre todo la ampliación de una planta de tratamiento y almacenamiento de residuos peligrosos en la cabecera del río será la más importante limitación para un proyecto de este tipo. 

Por lo tanto, queda claro que el beneficio de unos pocos elimina lo que podría ser beneficioso para toda una provincia. 

Únicamente me gustaría que alguno de los promotores y beneficiarios económicos de esa empresa, a los que no tengo el gusto de conocer, me respondiera a esta sencilla pregunta. ¿Por qué si es tan conveniente disponer de unas instalaciones de este tipo, muy de acuerdo con la llamada economía circular (tan de moda en estos momentos), no han considerado otro lugar alternativo para instalarlo, por ejemplo, cerca de sus fincas o de sus residencias habituales, donde seguramente no tendrían contestación alguna?