En la mañana del 17 de febrero de 2026 se celebró vista judicial en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Huelva, dentro del procedimiento que se sigue a instancias de Ecologistas en Acción Huelva contra dos autorizaciones para la mina de Atalaya Riotinto Minera, otorgadas por la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería con competencias en medio ambiente.

Por una parte se recurre la Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada el 12 de abril de 2023 por la que se modifica sustancialmente la previa AAU de la mina de Atalaya Riotinto Minera. En esa AAU se autorizan los recrecimientos de los muros de las macrobalsas de lodos tóxicos mineros denominadas Cobre y Aguzadera, desde la cota 375 msnm hasta una cota de 417 msnm, aumentando en 161 millones de toneladas la cantidad de lodos tóxicos depositados en ellas, añadidos a los 180 millones de m3 que ya se estima que contienen esas balsas desde su construcción en los años 80 y 90.

Ese recrecimiento autorizado se realizará en 8 fases, de las cuales actualmente se está ejecutando la Fase 3.Estas balsas ocupan actualmente una superficie de más de 500 hectáreas.

En la vista judicial se procederá a las declaraciones periciales y testificales de especialistas expertos en seguridad de balsas mineras frente a riesgos de roturas. Entre ellos la declaración pericial del profesor Steven Emerman, especialista norteamericano que elaboró un informe entre septiembre de 2024 y enero de 2025, advirtiendo de los graves defectos constructivos del diseño de los recrecimientos, y del grave riesgo de rotura de las macrobalsas por efectos de licuefacción o inundación. También van a declarar como testigo-perito un técnico del Instituto Geológico Minero de España (IGME) que en sus informes de 2021 y 2022 advirtió igualmente de la ausencia de sistemas de drenaje de las balsas y en la necesidad de recuperar las obligaciones de espesamiento de los lodos con carácter previo a su deposición en las balsas, para disminuir los riesgos asociados al incremento de agua en las balsas.

Miembros de Ecologistas en Acción han podido constatar en las últimas horas el riesgo de la situación en las gigantescas balsas de lodos tóxicos de la mina de Riotinto, operada por Atalaya Riotinto Minera, con abundantes filtraciones de aguas contaminadas hacia el canal perimetral, que finalmente vierten a la cuenca del Odiel.

Ya en marzo de 2025, durante el anterior episodio de lluvias producido en esas fechas, solicitamos por escrito al Secretario General de Industria y Minas, Don José Javier Alonso Membrives, información sobre los trabajos de la Comisión de Personas Expertas para el seguimiento de la seguridad de las instalaciones de residuos de grandes proyectos mineros en Andalucía, que la Junta de Andalucía anunció su constitución el 13 de octubre de 2023. Y en ese escrito manifestamos nuestra preocupación por la situación de las balsas mineras repartidas por toda la provincia de Huelva, y especialmente en la zona de Riotinto, Tharsis y la Zarza. Hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de información sobre ese supuesto Comité de Expertos.

Con fecha de 7 de noviembre de 2025 solicitamos a la Dirección General de Minas información sobre los informes periódicos de vigilancia y control de las macrobalsas de lodos tóxicos de la mina de Riotinto. Y también solicitamos información sobre las garantías financieras supuestamente depositadas por la empresa Atalaya Riotinto Minera para responder sobre posibles daños generados por esas macrobalsas tóxicas.

Tampoco hemos recibido hasta la fecha la información solicitada, ni sobre los informes de control ni sobre las garantías financieras, lo que evidencia una preocupante y persistente falta de transparencia en una materia directamente relacionada con la seguridad ambiental y la protección de la salud pública.

Resulta especialmente grave que, mientras el presidente Moreno Bonilla reconoce explícitamente la peligrosidad de estas instalaciones en situaciones de lluvias intensas, recurriendo incluso a la Unidad Militar de Emergencia (UME), la Junta de Andalucía mantenga una política de impulso de nuevos proyectos mineros y de reapertura de explotaciones sin haber resuelto previamente la gestión segura de los pasivos existentes. La insistencia en un discurso de supuesta “minería sostenible” o “minería verde” no puede ocultar que cada nuevo proyecto incrementa el volumen de residuos y amplía una carga ambiental que recaerá sobre el territorio mucho más allá de la vida útil de las explotaciones.

Por otra parte se recurre también en este juicio la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para una planta de producción de metales de alta pureza, denominada planta E-LIX. Esa AAI se otorgó en julio de 2023 amparándose previamente en una declaración de confidencialidad por secreto industrial y comercial, otorgada en agosto de 2022.

Mediante ese supuesto secreto, se ocultaron durante su tramitación datos esenciales de carácter ambiental como los de emisiones a la atmósfera, consumo de agua y vertidos, por lo que a nuestro entender se vulneraron gravemente todos los derechos de información y participación ciudadana. Inicialmente, con fecha de 8 de agosto de 2022, el entonces Delegado Territorial de Huelva JOSÉ ENRIQUE BORRALLO ROMERO, denegó la estimación de confidencialidad porque “resultaría contraria al principio de información, transparencia y participación regulado en el artículo 3 de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA) y en el artículo 3 de la Ley 27/2006 que regula los derechos de acceso a la información y participación pública en materia de medio ambiente, sin que exista justificación comercial o industrial que lo avale”.

Pocos días después el Sr. Borrallo fue nombrado Director General de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía, y en breves días, el 26 de agosto de 2022, su sustituyo en la Delegación Territorial de Huelva, Álvaro de Burgos, firmó una nueva resolución otorgando la confidencialidad que antes se había denegado.

Ecologistas en Acción considera imprescindible que se haga pública información actualizada y verificable sobre el estado real de las balsas y depósitos de residuos mineros, que se refuercen los mecanismos de control y seguimiento ante episodios meteorológicos extremos y que se garantice un control público riguroso, independiente y transparente de estas instalaciones. Mientras no se aborde de forma efectiva la gestión de los pasivos mineros históricos, seguir autorizando y poniendo en funcionamiento nuevos proyectos supone asumir riesgos ambientales inaceptables.